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En el ámbito de la realidad y de «lo común», cabe realzar el problemasocial "la nueva cuestión social de las pensiones" derivado del factor estructural de la evolución demográfica (elevada esperanza de vida ybajas tasas de natalidad), el factor coyuntural de la crisis económica y del desempleo masivo (acentuado por las políticas de austeridad deorientación neoliberal), la tensiones económicas que pesan sobre lareducción del gasto público social impulsada desde la Unión Europea.Esa realidad «objetiva» y «construida» por las opciones de políticadel Derecho de carácter liberalizador constituye el entramadosubyacente al proceso de reforma de las pensiones y las dificultadesde llevarlas a cabo a través del diálogo y de la concertación socialentre las fuerzas políticas y sociales mayoritarias. Con la reformaunilateral de la pensiones de 2012/2013 se ha producido una rupturadel modelo consensuado en la esfera político-jurídica y social dereforma de las pensiones. Especialmente desde el Pacto de Toledo de1995 ha existido una generalizada convicción y una práctica política y sindical de búsqueda de un amplio consenso entre las fuerzaspolíticas y las organizaciones profesionales para llevar a caboreformas en materia de pensiones. En tal sentido, la realización dereformas concertadas o pactadas ha contribuido a crear un sentimientopersistente de confianza relativa sobre la capacidad del sistemapúblico de responder a los retos estructurales y coyunturales a losque se enfrenta en cada momento histórico. Así, se ha reforzado laadhesión de todos los actores y grupos implicados hacia la búsqueda de soluciones que se presentan (o son presentadas oficialmente) comorazonables y equitativas desde el punto de vista de la financiación yde la justicia social. En esa lógica se ha venido afirmando que lasreformas pretendían garantizar la conciliación entre el principio deeficiencia y el principio de justicia social. Cuestión ciertamentedistinta es que ese equilibrio siempre se haya conseguidoefectivamente.