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El proceso globalizador ha propiciado que los países occidentales y prácticamente el resto del mundo basen sus economías en el modelo de mercado, influenciando de igual manera tanto los comportamientos de los agentes públicos como de los sociales (Muńoz de Bustillo, 2000). Así pues, los gobiernos diseńan e instrumentan políticas y programas para alinear a sus economías al comercio internacional, de igual manera los agentes sociales adquieren hábitos de consumo globales en todos los sentidos. Muchos Estados han entendido como uno de sus principales roles el convertirse en facilitadores de las condiciones que permitan al mercado operar de manera eficiente, regulando o desregulando, interviniendo o no interviniendo, proveyendo o delegando. Sin embargo, tenemos que recordar que si bien el mercado es un mecanismo para el crecimiento económico y la distribución eficiente de los recursos, carece de los elementos necesarios para asegurar que la distribución sea justa (Latouche, 2007). Esta situación ha venido generando diversos reclamos sociales en la historia reciente y ha dado origen a formas diversas de intervención estatal en aras de procurar el bienestar social.